El artículo sostiene que el Tribunal Penal Internacional (TPI) atraviesa una crisis existencial, agravada por la orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Aunque procesar a dirigentes en activo parece una demostración de audacia, el tribunal carece de medios propios para detenerlos y depende de la colaboración de los Estados. Por ello, resulta muy improbable que Netanyahu y Vladímir Putin, sean arrestados.
La reacción internacional revela, según el autor, una aplicación política y selectiva de la justicia. Occidente apoyó casi unánimemente la orden contra Putin, pero está dividido ante la de Netanyahu. Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra el TPI mediante sanciones, congelación de activos y prohibiciones de visado, mientras varios países africanos han iniciado su retirada, acusándolo de actuar como una institución neocolonial.
La falta de cooperación también afecta a los propios miembros del tribunal. Italia, por ejemplo, liberó y devolvió a Libia a un militar reclamado por el TPI. El precedente de Omar al-Bashir, quien permaneció años en el poder pese a dos órdenes de arresto, confirma la debilidad de una institución incapaz de hacer cumplir sus resoluciones.
El autor señala además importantes desigualdades jurisdiccionales: el TPI no ha podido actuar contra Bachar el Asad, dirigentes chinos por la represión de los uigures ni responsables estadounidenses y británicos por las muertes civiles en Irak. Grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China e India no reconocen su jurisdicción.
En el caso de Netanyahu, el tribunal fundamentó su competencia en la adhesión de Palestina al Estatuto de Roma, una interpretación controvertida. El artículo también cuestiona que respetara plenamente el principio de complementariedad, según el cual el TPI solo debe intervenir cuando la justicia nacional no pueda o no quiera hacerlo. Israel dispone de un sistema judicial competente y una amplia mayoría de su población apoyaba investigar sobre la guerra en Gaza.
En conclusión, la orden contra Netanyahu no creó los problemas del TPI, pero hizo visibles su impotencia, su dependencia de los intereses políticos y su justicia desigual. Concebido tras la Guerra Fría como árbitro universal, nunca estuvo preparado para un mundo dominado por la política de fuerza. El autor considera que la presión diplomática, las sanciones, los acuerdos bilaterales y las investigaciones nacionales podrían resultar más eficaces que un tribunal cuyas órdenes frecuentemente no se ejecutan.
[Resumen –asistido por IA- del ártículo de Shlomo Ben Ami “El ocaso del Tribunal Penal Internacional | Opinión” ]
