Los rellenos de Gibraltar continúan expandiéndose sobre aguas que España considera de su soberanía, especialmente mediante el proyecto Eastside, una macrourbanización con 1.400 viviendas, un puerto para megayates y nuevas infraestructuras valoradas en 330 millones de libras, sin que el acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit aborde expresamente esta cuestión.
España sostiene que el Tratado de Utrecht no cedió las aguas que rodean el Peñón, mientras que Gibraltar defiende sus derechos marítimos basándose en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Esta discrepancia mantiene abierto el conflicto sobre la legalidad de los rellenos.
Las obras afectan a la Zona de Especial Conservación Estrecho Oriental, integrada en la Red Natura 2000, lo que ha motivado denuncias de colectivos ecologistas. La Fiscalía llegó a investigar posibles delitos medioambientales y contra la ordenación del territorio, aunque la causa fue archivada provisionalmente y el recurso sigue pendiente de resolución.
Aunque el Gobierno español ha reiterado que las obras constituyen una violación de la soberanía española y asegura haber presentado protestas diplomáticas ante el Reino Unido, no ha anunciado medidas concretas en el último año. Mientras tanto, el Gobierno de Gibraltar defiende que la expansión territorial es necesaria para dar respuesta a la falta de suelo y vivienda en el Peñón.
