Las facciones criminales en Brasil nacieron, en gran medida, de la propia violencia estatal. En la década de 1970, los presos políticos de la dictadura militar convivían con presos comunes en la cárcel de Ilha Grande, en Río de Janeiro. De esta convivencia surgieron ideas de organización y solidaridad entre los reclusos, quienes sufrían brutalidad dentro de las celdas.
De esta unión nació la Falange Roja, más tarde conocida como Comando Vermelho (CV), que abogaba por la unidad entre los presos contra los abusos del Estado. Con el tiempo, la facción llegó a controlar el narcotráfico en Río de Janeiro. Durante algunos años, el Comando Vermelho se extendió por todo el país y, con la salida de disidentes, dio origen a otras facciones más pequeñas.
En 1993, tras la masacre de Carandiru en São Paulo —en la que 111 presos fueron asesinados por la policía militar— surgió el Primeiro Comando da Capital (PCC), creado en la cárcel de Taubaté. Inicialmente, el grupo también predicaba la unidad de los presos contra la opresión estatal, pero con el tiempo, llegó a dominar el narcotráfico y otras actividades delictivas.
Tanto CV como PCC crecieron aprovechándose de la ausencia del Estado en las periferias, la desigualdad social y la falta de oportunidades para los más pobres. Así, lograron infiltrarse en las comunidades y dominarlas fácilmente, ofreciendo lo que las autoridades públicas siempre han negado: presencia, normas y algún tipo de protección.
Desde entonces, lo que vemos en Río de Janeiro son intentos fallidos de combatir el narcotráfico mediante incursiones violentas en zonas densamente pobladas. Estas operaciones dejan un rastro de miedo, pérdidas y muertes, incluidas las de trabajadores inocentes y niños que aprenden desde pequeños a esconderse de los disparos. Estas acciones perturban el comercio local, cierran escuelas y centros de salud, y destruyen la poca normalidad que aún existe en las favelas.
Para detener a los delincuentes de verdad, se necesita inteligencia, planificación y precisión, no ejércitos armados que irrumpen en las comunidades. Una operación no puede considerarse un éxito cuando deja decenas de muertos y dudas sobre quiénes fueron realmente las víctimas. El resultado siempre es el mismo: caos, miedo y el dolor de familias que solo quieren vivir en paz.
Lo peor es darse cuenta de que el verdadero narcotraficante rara vez está en la favela. Vive en apartamentos de lujo, mueve fortunas y, en algunos casos, ocupa cargos políticos. Las muertes en las comunidades no le afectan; solo alimentan un ciclo interminable de suplantación y venganza.
Es difícil acabar por completo con el narcotráfico, pero es posible debilitar su dominio. Para ello, no bastan las armas ni las operaciones mediáticas. La lucha debe ser social, económica e institucional, con una presencia permanente del Estado. Es necesario invertir en buenas escuelas, salud pública, transporte digno, oportunidades de empleo y una policía comunitaria que sea aliada de los residentes, no su enemiga.
Reconstruir la confianza entre la población y las autoridades públicas es el primer paso hacia la paz. La violencia no cesará con más violencia. La paz duradera solo llegará cuando los habitantes de la favela puedan confiar más en el Estado que en el crimen.
[Casos e ocasos / Rosan da Rocha/ https://diarinho.net/coluna/630198/O-Estado-criando-seus-proprios-inimigos]
