REPORTAJE: UNA CAJA DE ESCÁNDALO
Las indemnizaciones millonarias a exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y la pensión atribuida a su ex directora general rematan el escándalo de la gestión de esta entidad
Esta es la historia de un fiasco, afianzado en el boom inmobiliario, consentido, e incluso alentado, por el Gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps, que utilizó la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para financiar sus megaproyectos: Ciudad de las Artes, en Valencia; la Ciudad de la Luz, en Alicante, y Terra Mítica, entre otros. Y rematado con la ambición desmesurada de un grupo sin escrúpulos que se lucró en plena ruina de la caja. Así se entiende la deriva de la CAM, el centenario buque insignia de las finanzas de la provincia de Alicante, comandado durante los últimos años por Modesto Crespo, en la presidencia, y Roberto López Abad, como director general, hasta que el pasado 22 de julio fue intervenida por el Banco de España.
Cuando presidía la CAM, Modesto Crespo estaba más atento a urgencias de Francisco Camps que al Banco de España
El Banco de España estudia si puede exigir que se devuelvan las indemnizaciones y abrir expediente sancionador
Dos días antes de ser intervenida, la CAM compró pagarés de la Generalitat Valenciana por 200 millones al 4,75%
En la antesala de la intervención, López Abad y otros cuatro altos ejecutivos se aseguraron un dorado retiro con elevadas prejubilaciones (12,8 millones de euros en total). La sucesora de López Abad, la empleada María Dolores Amorós, no quiso ser menos y se puso un sueldo de 600.000 euros al año y una pensión vitalicia de 370.000. Todo ello sin contar con el visto bueno de los órganos de la entidad, pero con el beneplácito del entonces presidente de la caja, Modesto Crespo, más ocupado en atender las urgencias de su mentor, Francisco Camps, que de los requerimientos del Banco de España para poner orden en las cuentas. El resto de miembros del consejo, conscientes de su papel de comparsas, se mantuvo pasivo y tragando la información que recibían. La CAM pagaba 1.000 euros por cada asistencia al consejo.
Las irregularidades descubiertas en la CAM, con unas cañerías alambicadas, plagadas de trampas contables, alcanzan el paroxismo. Un auténtico escándalo, como lo calificó el viernes el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante la evaluación de la reestructuración de las cajas. «Uno entiende que la gente se escandalice, solo faltaba que no se escandalizase; pero los clientes pueden quedarse tranquilos, cuando se adjudique [en subasta], la gestión va a estar en manos serias», añadió. Va a estar, dice el gobernador; pero no lo ha estado. Esa es la cuestión.
El regulador comenzó a mirarlo con lupa en 2009. Al año siguiente le obligó a negociar su integración con otras entidades para no tener que intervenir. Hubo un intento de Caja Madrid, que se frustró por la oposición frontal de Camps. Y la CAM recaló en el grupo integrado por Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Pero el intento duró poco: en marzo pasado la expulsaron al descubrir un agujero que cifraron en 5.000 millones de euros. Cuatro meses más tarde, este tortuoso recorrido desembocó en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que hubo de aportar 2.800 millones de euros y abrió una línea de liquidez por otros 3.000 millones, a fin de que la fuga de depósitos de los clientes que estaba produciéndose no estrangulara la caja.
Tres interventores del FROB, convertidos en los nuevos administradores de la caja mediterránea, tomaron sus primeras decisiones y descubrieron quiénes eran los principales responsables del desaguisado. El FROB no esperó ni un día para destituir al consejo de administración (20 miembros en representación de las fuerzas políticas y, empresariales). Los interventores dieron a Crespo tres horas para recoger su despacho y le prohibieron la entrada en la sede social de la caja.
Modesto Crespo (Elche, 1943) había escalado en la última década desde su concesionario de coches hasta la cúspide empresarial y financiera de Alicante. Labró su meteórico ascenso con el apoyo del poder político hegemónico en la Comunidad Valenciana, y en concreto del exlíder de los populares valencianos, Francisco Camps, tras vencer la resistencia del sector del PP opuesto en Alicante, los ripollistas (seguidores de Joaquín Ripoll, heredero político de Eduardo Zaplana). Además de sintonía política, Camps y Crespo sumaban un mismo fervor religioso. (De hecho, el único cargo que mantiene Crespo ahora es el de presidente del patronato del Misteri de Elche). En todos los escalones por los que pasó dejó su impronta: fuerte personalismo y querencia por el oscurantismo para blindar su gestión.
Crespo desempeñó la presidencia de la CAM sin sueldo oficial, pero se aseguró una retribución anual de 300.000 euros a través de una filial de la caja, la mercantil TI Participaciones. El «sombrío y religioso» empresario, como lo definen personas de su entorno, fue uno de los más beneficiados por los préstamos blandos que la caja concedió a los consejeros. Entre 2004 y 2010, la CAM había prestado 161 millones a sus consejeros, en algunos casos al 0%, y con el permiso de la Generalitat. Crespo, apenas aterrizado en el cargo, consiguió cinco millones al 2,5% de interés.
Crespo entregó la cuchara la mañana del pasado 21 de julio, cuando en un «patético» consejo -según definición de uno de los presentes- comunicó que a las 0 horas del día siguiente se iba a producir la entrada del FROB. Esto es, la pérdida de la autonomía de la caja a favor del Estado. Tan solo dos días antes de la intervención, Crespo había permitido que la CAM comprara pagarés de la Generalitat Valenciana por 200 millones al 4,75%, para inyectar liquidez en las arcas autonómicas. […] [SANTIAGO NAVARRO /MIGUEL ÁNGEL NOCEDA/elpais.com]
