Modificarán la ley de Costas para evitar los derribos de viviendas

RESPONDE A LAS QUEJAS DE AYUNTAMIENTOS Y VECINOS

Castellón, satisfecha con la decisión, reivindicará su papel a la hora de aplicar los cambios en la norma. El ministro Arias Cañete anuncia la medida, en la que se abre la puerta a los chiringuitos y a la regeneración

Ayer por fin se produjo el anuncio que muchos esperaban desde hace tiempo: la modificación de la ley de Costas de 1988.

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El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, concretó los cinco pilares sobre los que se sustentará su política en este sentido y aseguró que variará la normativa sobre la salvaguarda del dominio público marítimo terrestre “con el objetivo de hacer compatible la protección del litoral con el desarrollo de las actividades económicas y con la seguridad jurídica”. En este sentido, la diputada popular nacional por Castellón Andrea Fabra señaló que se tratará de combinar “la instalación de chiringuitos y las casas levantadas antes de 1988 y que tenían derechos adquiridos”.

Precisamente, esta es una de las principales reivindicaciones de la provincia debido a las órdenes de derribo para inmuebles situados a primera línea del litoral al estar ubicados en terreno público. Una circunstancia provocada, a su vez, por la paulatina regresión marina, ya que esas viviendas, cuando se construyeron, estaban fuera del espacio delimitado. En cuanto a los locales de ocio, Castellón también reclama poder instalarlos, ya que las estrictas medidas impuestas han obligado a desplazar estos negocios, que contribuyen a mejorar el turismo, una de las mayores fuentes de ingresos para Castellón.

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En la provincia hay más de 600 casas en el punto de mira debido a los nuevos deslindes marcados por el anterior Ministerio. El diputado provincial y alcalde de Nules, Mario García, consideró de “sentido común” este cambio. Y es que su localidad es una de las más afectadas, con 200 inmuebles en peligro. Asimismo exigió al Gobierno que comunique “desde el minuto cero al jefe provincial de Costas, Ignacio Gil, que debe paralizar las demoliciones”.

Gil todavía ejerce en funciones e incluso estuvo presente hace unas semanas en el derribo sorpresa del puente sobre el río Chinchilla en Orpesa. Una decisión que dejó sin acceso por el litoral al complejo Marina d’Or. […] [YOLANDA CLARES/elperiodicomediterraneo.com/]

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