Chile, entre el fuego y el terrorismo

  • Nativos acusados de propiciar incendios

  • En lo corrido del año han tenido lugar múltiples marchas de la etnia mapuche

El 5 de enero pasado, en medio de generalizada preocupación por la ola de incendios que afectaban el sur de Chile, y que mantenían en alerta a las regiones del Maule, Biobío y Magallanes, una trágica noticia llegó urgente desde la región de La Araucanía. Siete brigadistas que combatían un siniestro en el fundo Casa de Piedra, perteneciente a la forestal Mininco, habían muerto en el momento en que combatían el fuego que arrasaba miles de hectáreas de bosque. Los dramáticos testimonios de los sobrevivientes de la tragedia, quienes relataron cómo sus compañeros se vieron envueltos por las llamas sin poder huir a tiempo para salvar sus días, causaron conmoción nacional.

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Pero la situación se tornaba aún más compleja para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que pocos días antes había estado en el ojo del huracán, cuestionado por la escasa rapidez para responder a la contingencia del incendio del parque nacional Torres del Paine, uno de los destinos turísticos preferidos por los extranjeros en Chile.

Horas después, el mismo Piñera anunciaba desde el Palacio de la Moneda que el Ejecutivo invocaría la Ley Antiterrorista —que permite al Estado llevar a juicio a quienes provoquen incendios—, asegurando que contaban con información “confiable” para presumir la existencia de “una intencionalidad criminal” en el hecho.

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Sus palabras fueron reforzadas por el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, quien en representación del Gobierno dijo que el siniestro de Carahue tendría algún vínculo con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) —entidad dedicada a la reivindicación de las demandas territoriales mapuche—, luego de que ésta, días antes, supuestamente se autoadjudicara un atentado incendiario contra un helicóptero de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la misma región.

“Hace pocos días veíamos cómo un helicóptero era atacado y posteriormente este ataque reivindicado por la CAM. Pocos días después vemos incendios que curiosamente se encienden en un mismo instante en distintos puntos, que han afectado esta región y otras regiones del país”, argüía el secretario de Estado.

Las alarmas se encendieron de inmediato entre en las comunidades mapuche de las zonas afectadas, así como también en las organizaciones de derechos humanos y parlamentarios, quienes veían con estupor cómo el Gobierno hacía acusaciones cuando aún no se iniciaba la investigación por parte del Ministerio Público.

Pero el daño estaba hecho. En los días posteriores, representantes de la etnia no sólo acusaron que tras el anuncio del Ejecutivo se habían producido una serie de allanamientos en las comunidades por parte de la Policía, en busca de pruebas que los relacionaran con los incendios, sino que además emplazaron al Gobierno de Piñera por haber decidido aplicar una medida “racista”, basada en un “montaje”, para justificar la militarización de una zona en continua pugna con las forestales, que por años han ocupado tierras ancestrales. […] [Por: María José Jarpa/elespectador.com/]

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